Como coautor del proyecto de ley que actualiza el Código Penal para combatir el vandalismo rural, quiero destacar el dictamen de mayoría que logramos en el plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería. Esta propuesta, que cuenta con el respaldo de las entidades productivas y el acompañamiento de la Fundación Barbechando, busca proteger a los productores, a los trabajadores rurales y a sus familias.
Entre las modificaciones concretas al Código Penal, el proyecto incorpora la figura de intrusión rural, penalizando el ingreso no autorizado a propiedades privadas, y establece penas de 2 a 8 años de prisión junto con multas de hasta 12 veces el valor del daño causado para quienes destruyan o ataquen la producción, silobolsas, insumos o infraestructura agropecuaria.
Hace un tiempo hablábamos del vandalismo rural para referirnos a hechos motivados solo por cuestiones ideológicas y fomentados por la política, pero hoy responde a la realidad actual de quienes viven y trabajan en el campo. Aunque esa violencia política se haya atenuado, la gente del campo continúa a merced de la inseguridad cotidiana. Esta problemática se ve gravemente acentuada por delincuentes que, con el pretexto de cazar especies consideradas plagas, ingresan sin autorización a la propiedad privada y cometen destrozos. Con este avance en el Congreso, buscamos dar respuestas concretas, defender el esfuerzo del sector productivo y llevar mayor tranquilidad a nuestras comunidades rurales.
