Participé de la reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, donde junto a referentes de entidades como Federación Agraria, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y la Fundación Barbechando analizamos el proyecto de ley para sancionar con firmeza los delitos rurales. Durante el encuentro, todo el sector productivo coincidió en la urgencia de dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas legales efectivas y proactivas para prevenir y actuar ante delitos recurrentes como el abigeato, la rotura de silobolsas, la destrucción de maquinaria, los incendios intencionales y las intrusiones ilegales en campos bajo la excusa de la caza de especies exóticas.
Esta iniciativa no protege a una elite, sino a cada persona y familia que habita y trabaja la tierra por igual. Habiendo vivido 13 años en el campo, conozco de primera mano la soledad, el aislamiento respecto de los centros urbanos y la vulnerabilidad que se siente en la cotidianeidad rural, donde el establecimiento productivo constituye la propiedad privada y, en la inmensa mayoría de los casos, la vivienda familiar. Modificar la legislación es una necesidad indispensable para resguardar los derechos de propiedad, contemplar aspectos clave como las zonas ribereñas y el camino de sirga, y brindar la seguridad y la tranquilidad que las familias productoras de Entre Ríos y del país necesitan para vivir y producir en paz.
